Andrea Repetto es una prestigiosa economista, doctorada en el reconocido Massachusetts Institute of Technology, MIT. Actualmente es académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, directora del centro de estudios Espacio Público y preside el directorio de nuestra Fundación.

En su trayectoria ha investigado sobre la relación entre la economía y la psicología, la economía de la educación y las políticas sociales y tributarias. Y ha sido convocada para participar de distintas instancias gubernamentales, entre otros espacios relacionados al trabajo y la superación de la pobreza.

Lecciones de la emergencia

La Cepal proyectó un retroceso de 10 años en materia de pobreza para América Latina. ¿Qué acciones han sido acertadas para enfrentar este escenario?

En Chile hemos hecho esfuerzo por entregar apoyos sociales, pero tengo la impresión que han sido insuficientes. Por ejemplo, con el Fondo Respuesta Comunitaria, de las 900 postulaciones que recibimos, más del 70% eran proyectos de alimentación y ollas comunes. Estamos en una situación muy extrema, en Chile decíamos hace poco tiempo atrás que ya nadie pasa hambre. Ahora hemos vuelto de alguna manera a ese tipo de pobreza material dura y es una muestra de que los apoyos sociales que hemos realizado no son suficientes y que en Chile tenemos mucha más vulnerabilidad de la que hemos querido reconocer.

¿Qué es lo urgente para salir a flote?

Lo urgente es atender la alimentación. Tenemos que asegurarnos de que la gente no pase hambre. Sin alimentación no hay vida, es lo más básico para la dignidad de las personas. Durante 2021 vamos a seguir en emergencia, con contagios y pidiéndole a la gente distanciamiento social. Eso significa que muchos no puedan trabajar ni generar ingresos. No podemos llegar tarde de nuevo con esos apoyos o pensar que ya estamos en la recuperación. Tenemos que ser más ágiles de lo que fuimos el año pasado.

Como experta ha sido convocada para participar en distintas instancias para amortiguar los efectos de la pandemia. ¿Cuál es su visión crítica respecto del rol de los diversos actores sociales en ello?

Una buena parte de la problemática del año pasado es que desde el inicio se trabajó sobre una premisa que resultó equivocada muy rápido. Se tenía la convicción de que la etapa inicial de contagios iba a ser muy corta, que el peak lo íbamos a alcanzar en abril o a principios de mayo. Y todo se modeló en base a ese juicio. El gobierno se demoró mucho, recién en junio se hizo un plan fiscal más extenso y que abarca dos años. Creo que ese fue el mayor error que cometimos.

¿Qué otras cosas se pudieron hacer mejor?

Fuimos aprendiendo cosas de un sistema de apoyos que tiene falencias. Sabemos que las transferencias monetarias que el país hace a las familias son pocas, que el monto y cobertura son pequeñas y no hacen mucho por reducir la vulnerabilidad y la desigualdad.

También está el tema de la información que tiene el Estado sobre las familias. A mí me llama mucho la atención que en todos estos programas tengas que postular, a pesar de que el Estado sabe mucho sobre ti. ¿Por qué tienes que hacer un trámite, por qué hay que hacer una cola cuando no tienes tiempo y tienes que cuidar a alguien, o por qué tienes que meterte a internet cuando no tienes acceso? Cuando se pide postular se deja a mucha gente afuera, probablemente a los más vulnerables.

Otra cosa que debemos mejorar es que los programas tienen condiciones y no todos pueden cumplirlas. Los niños y niñas deben tener buenas notas escolares, tienes que llevarlos al consultorio o tienes que formalizar tu empleo o actividad productiva. No todos pueden cumplir razonablemente esas exigencias.

Después está el problema de la focalización o híper focalización, que se hace a nivel de familias e individuos pensando que todas las soluciones que se requieren para superar la vulnerabilidad o la pobreza son más bien domésticas, se hacen en el hogar y no son comunitarias ni se hacen con otros. Y también se siente injusticia cuando no se califica para los beneficios, en circunstancias que muchas familias que sí obtienen prestaciones son prácticamente iguales en su vulnerabilidad.

En la Fundación hemos trabajado harto en estos temas desde los inicios y nos damos cuenta de que la forma que hacemos política social es poco cohesiva y no comprende bien cuál es la realidad de las familias.

¿Estábamos poco preparados como país y sociedad para enfrentar esta emergencia?

En muchas dimensiones sí estábamos preparados y no supimos utilizar suficientemente bien las herramientas que teníamos. Por ejemplo, teníamos el Registro Social de Hogares, con una gran cantidad de familias inscritas, que el Estado ya tenía contactadas y los municipios ya conocían su realidad. Teníamos circunstancias fiscales muy favorables y aun así se decidió guardar los recursos para más adelante y se le pedía a la gente que postule. Tenemos herramientas de base que no tenía la gran mayoría de los países y nos demoramos en echarlas a andar. Fuimos aprendiendo para ser justos, se dejó de postular en algún momento una vez que ya recibiste los primeros bonos, se volvió a la Calificación Socioeconómica habitual luego de haber intentado con un sistema nuevo distinto y bien por eso. Pero había una base fuerte para haber hecho algo mejor.

Ruralidad, género y Pandemia

Las comunidades de sectores rurales también se han visto afectados por una crisis social, sanitaria y ambiental. ¿De qué manera el programa SERVICIO PAÍS ha contribuido a mitigar esos impactos en medio de una pandemia?

En este año nuestros profesionales SERVICIO PAÍS han realizado un trabajo increíble. Aprovecho de dar las gracias por todo lo que han hecho, por la perseverancia y creatividad para trabajar este año. Uno no se imaginaba cómo iba a ser esto y sin embargo logramos llevar a más de 200 profesionales jóvenes a los lugares más recónditos del país, en cuarentena con todas las precauciones sanitarias y con dificultades de movilidad, y fueron capaces de llegar a las comunidades y trabajar con ellas. El trabajo que han hecho ha sido valiosísimo y han sido generosos en adaptarse a las circunstancias tan difíciles que les han tocado en lo que, para muchos, es su primer año de trabajo.

En 2020 hemos trabajado de forma distinta y hemos hecho cosas distintas y que vamos a mantener por un tiempo. El apoyo a la gestión de los municipios ha cambiado: apoyarlos en la coordinación y entrega de alimentos, kits de higiene a las comunidades; los catastros ya no son solamente productivos como lo hemos hecho en otras ocasiones, sino que también hay catastros de salud. Hemos apoyado las solicitudes de actualización al Registro Social de Hogares, a la postulación al Ingreso Familiar de Emergencia y a otras ayudas estatales.

En esta emergencia no solo se habla de la feminización de la pobreza, sino que han sido las mujeres quienes más han apoyado a sus comunidades. ¿Cuál es el rol que cree tendrá la mujer en el periodo de reactivación económica?

La pandemia ha sido muy dura para las mujeres en Chile y en todas partes del mundo. Primero, porque los sectores productivos más afectados por la pandemia han sido, proporcionalmente, donde más trabajan mujeres. La educación, el comercio, restaurantes, servicios, turismo, el trabajo doméstico en el hogar son donde más fuertemente ha caído el empleo, son los sectores más feminizados, a los que más les va a costar reabrir y los que van a tener mayor dificultad para reactivarse.

Luego hay que sumar el cierre de las escuelas, de los jardines infantiles, de los centros de cuidado de adultos mayores y de otros dependientes, y por lo tanto han sido una vez más las mujeres las que han tenido que dedicarse a esas tareas, con todo lo que implica dejar sus propios empleos y dedicarse a ser madre, profesora, cuidadora del hogar y tener una jornada intensa cargada sobre sus hombros.

La recuperación económica no va a ser fácil para las mujeres, el plan de reactivación económica tiene mucho énfasis en las obras de infraestructura pública que, si bien la necesitamos, generan un empleo que es proporcionalmente masculino.

Las mujeres se organizan, están preocupadas de la comunidad, han sacado adelante las ollas comunes, pero las oportunidades para volver a la vida económica previa que tenían van a ser más lenta para ellas que para los hombres. Para la reactivación económica tenemos que poner énfasis en el empleo femenino.

¿Cuál es su balance del trabajo de la Fundación en este 2020?

Tuvimos un año que, así como fue duro para el país, también fue duro para nuestra institución. Tuvimos que ser muy flexibles en la manera en que trabajamos, porque las necesidades del país requirieron de un trabajo específico y, por lo tanto, una adaptación. Ha sido notable como todos quienes trabajamos en la Fundación, en los lugares más recónditos del país y en las oficinas centrales han puesto lo mejor de sí y con mucho ánimo, a pesar de sus propias dificultades en los respectivos hogares, para sacar adelante todos nuestros proyectos.

¿Y qué desafíos tiene la institución para el 2021?

Este año vamos a seguir en una situación de emergencia y estando atentos en estas labores de apoyo distintas a las comunidades, en apoyarlos a postular a los recursos fiscales si es necesario, y vamos a estar ahí para trabajar en lo que se requiera para hacer más vivible esta emergencia.

Nueva Constitución

En 2021 también se viene la discusión constitucional.

Ahí la Fundación tiene mucho que aportar. Hicimos una revisión exhaustiva de los distintos documentos que hemos publicado en estos 25 años. Tenemos mucho trabajo, mucho pensamiento, muchas ideas, sobre la base de lo que hemos aprendido en nuestro propio trabajo. Se trata de conceptos que pueden ser útiles para una nueva Constitución.

Por ejemplo, conocemos en carne propia la importancia de una descentralización efectiva, el reconocimiento de las heterogeneidades de las realidades de las distintas localidades, y que cuando hay un sistema tan centralizado como en Chile se ignoran y se invisibilizan.

También tenemos harto trabajo avanzado respecto de abrir más espacios para la participación ciudadana. Las personas comprenden mejor sus capacidades, quieren ser protagonistas de su propio desarrollo y buscan lugares para que eso pueda suceder.

Además hemos hablado mucho de umbrales sociales en vivienda, en educación, en salud, en el barrio, justamente para asegurar dignidad, que es lo que estamos buscando en esta conversación constitucional. Una de las tareas que tenemos para este 2021 es ser capaces de llegar con esas ideas a los convencionales.

A más de un año del llamado estallido social o del despertar de Chile, ¿cuál es su lectura del momento social que vive el país?

Estoy esperanzada y optimista. Porque nuestra democracia tiene problemas, estamos en una crisis política y social, pero estamos buscando resolverlas con herramientas de la democracia: el plebiscito, la elección de convencionales y las nuevas reglas como la paridad de género, la participación de los independientes y los escaños reservados para los pueblos originarios. Estamos perfeccionando nuestra democracia para poder dialogar y resolver entre todos esta crisis política.

También me alegra ver que hay mucho interés de la ciudadanía en participar. Vimos una alta participación electoral a pesar de la crisis sanitaria y vemos cómo muchos independientes, que trabajan desde las distintas temáticas y dificultades que cruzan el país en género, diversidad sexual, en lo cultural, inclusión, discapacidad, queriendo ser convencionales, recolectando firmas. Hubo medio millón de patrocinios para los independientes. Hay muchas ganas de dialogar y es un diálogo que va a ser difícil, pero que me trae la esperanza y el optimismo de que podamos acordar una nueva y mejor forma de convivencia para el país.

¿Qué otras transformaciones son necesarias a futuro?

Me he convencido de que uno de los cambios centrales que necesitamos y que va a ser tan importante como los derechos sociales en la discusión constituyente es tener un sistema político más equilibrado. Hoy estamos en una situación de organización política con pocos incentivos para lograr acuerdos, formar coaliciones, tenemos un sistema híper presidencialista. Este conjunto de elementos hace que tengamos siempre gobiernos de minoría. Y los gobiernos de minoría tienen muchas dificultades para avanzar, porque la o las oposiciones -no importa el color que tengan- no tienen mucha motivación en apoyar y sacar adelante proyectos.

Cuando uno mira estos grandes dolores de las familias, todo lo que hay que esperar para ser atendidos en una cirugía en el sector público o cuánto tiempo llevamos hablando de pensiones, es porque no hemos podido avanzar. Creo que hay un sistema político que no favorece los acuerdos y que ese es uno de los elementos esenciales a cambiar para adelante.

¿El proceso constituyente podría aportar en reducir las brechas de desigualdad entre la ciudadanía?

El proceso constituyente va a ayudar en esto. Necesitamos asegurar pisos de dignidad para todos y todas. Estos guardan relación con las condiciones materiales de vida, asegurar acceso a salud, garantías en educación, en alimentación, en acceso al agua. Hoy la Constitución menciona el derecho a la educación y a la salud, pero lo que garantiza es la libertad de elección, que puedas elegir entre un sistema público o privado, que puedas escoger una escuela. Así terminamos en un sistema en que el acceso depende de la capacidad de pago y además de un mercado que provee bienes y servicios públicos, pero los provee con reglas de lo privado y que pueden discriminar. Estas son las grandes transformaciones que la ciudadanía anhela y uno de los grandes motivos por los que estamos realizando este proceso constitucional.